Quito – Ecuador, 20 agosto 2025

Han pasado dos años desde que el pueblo ecuatoriano tomó una decisión histórica en las urnas: el 20 de agosto de 2023, con un 58,95 % de votos a favor, resolvió mantener bajo tierra el petróleo del Bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Esta consulta popular, inédita a nivel mundial, fue una expresión contundente de la democracia en defensa de la naturaleza y de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI): Waorani, Tagaeri y Taromenane.

La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), representante de 87 comunidades distribuidas en Pastaza, Orellana y Napo, demanda que este mandato popular no ha sido cumplido. Pese a que la Corte Constitucional estableció como plazo máximo el 31 de agosto de 2024 para cesar la explotación petrolera y desmantelar la infraestructura, el Estado ecuatoriano no ha llevado a cabo el cierre técnico de los pozos ni la reparación integral de este  territorio ancestral. Solo 10 de los 247 pozos petroleros de este Bloque han sido cerrados.

En agosto de 2024, la NAWE presentó ante la Corte Constitucional el Plan de Acción por el Yasuní y el Mandato Waorani (a un año de la consulta popular), construidos en la Cumbre Internacional por el Yasuní, propuestas colectivas que trazan un camino hacia un territorio libre de combustibles fósiles, que garantiza derechos y asegura los medios de vida de los PIACI. Sin embargo, las autoridades han impulsado un plan sin la participación de los pueblos indígenas, con un cronograma que se extiende hasta 2029 e incluso 2034, contradiciendo la voluntad popular y las obligaciones constitucionales.

El 13 de marzo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por vulnerar los derechos de los PIACI, al poner en riesgo su vida y violar su derecho al no contacto, e instó al cumplimiento inmediato e indefinido de lo aprobado en la consulta popular. A inicios de 2025, el Relator Especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas también advirtió sobre este incumplimiento y llamó al Estado a garantizar la ejecución efectiva del mandato.

Frente a esta situación, la NAWE en unidad con la estructura indígena del Ecuador y en articulación con aliados nacionales e internacionales, presentó hoy un segundo Mandato Waorani (2025) a los jueces y juezas y exige su cumplimiento inmediato para la implementación urgente de un plan de retiro y desmantelamiento con participación indígena, y una reparación integral que respete los derechos colectivos y de la naturaleza. 

“La voluntad popular expresada en la consulta no puede quedar en el papel. Exigimos a la Corte Constitucional que garantice un proceso transparente de desmantelamiento, con participación de la Nacionalidad Waorani y con medidas reales para proteger a los pueblos en aislamiento. Es urgente escuchar en territorio a quienes vivimos en el Yasuní y asegurar la reparación de la naturaleza. El cumplimiento de este mandato no es negociable: es una deuda con los pueblos indígenas y con todo el país.”, dijo Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani en Ecuador – NAWE.

Entre las solicitudes a la Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimiento a la sentencia que dio lugar a la Consulta Popular, están:

1. Solicitar al Comité de Ejecución de la Voluntad Popular creado por el Gobierno, información sobre: a) el cronograma y las medidas de desmantelamiento y reparación adoptadas hasta el momento; b)  las medidas que están tomando para la garantía del principio de no contacto de los pueblos Tagaeri y Taromenane, especialmente cuáles medidas de prevención para evitar contactos forzosos;              c) medidas planificadas o por ejecutar para incorporar la participación, consulta y consentimiento de la NAWE y las justificaciones de no haberlo realizado por más de un año de la solicitud de su garantía.
2. Solicitar información al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, hoy  fusionado con Ministerio de Gobierno, sobre la Comisión Técnica de Evaluación  de la ZITT, en el marco del cumplimiento de los resultados de la consulta popular ordenada por la Corte y de los estándares fijados por la Corte IDH.
3. Realizar una Audiencia pública de seguimiento de forma urgente en territorio de la NAWE, para escuchar a los pueblos indígenas del Yasuní sobre el proceso de  desmantelamiento y las medidas que se deben adoptar para un efectivo cierre que considere su derecho a la reparación y restauración de la naturaleza. Para el efecto, podemos coordinar entre autoridades y mecanismos de monitoreo, control y gobernanza de nuestra nacionalidad.
4. Emitir, a partir de la información recabada, de recomendaciones específicas para el cumplimiento de la voluntad popular, encaminadas al diseño de una política pública estatal de cumplimiento integral de la voluntad popular. Invocamos el artículo 21 de la LOGJCC para que estas medidas sean ajustadas al Mandato Waorani y a la plena ejecución del sentido formal y material del Dictamen de esta causa.
5. Mantener el proceso de seguimiento hasta el efectivo cumplimiento.

“El Yasuní fue es y será el territorio de la nacionalidad Waorani, de los hermanos Tagaeri y Taromenane, lo que nosotros planteamos y exigimos respecto a la vida respecto a la autodeterminación de los pueblos del Ecuador, en especial de los pueblos en aislamiento. Compañeros y compañeras, vamos a estar vigilantes como organización nacional en defensa de la vida en defensa de los derechos humanos que están en la constitución y los tratados internacionales”, Marlón Vargas, Presidente de la CONAIE.

“El Estado no ha respetado la decisión popular. Llevamos más de diez años en esta lucha y vemos con preocupación que no existen garantías reales para nuestro territorio ni para la vida de nuestros hermanos Tagaeri y Taromenane. El Estado ha incumplido su obligación, por eso, como líderes amazónicos, exigimos el cumplimiento inmediato del mandato”, afirmó Nemo Guiquita, dirigente de relaciones internacionales de la CONAIE en los exteriores de la Corte Constitucional, donde representantes de los pueblos indígenas se congregaron para exigir justicia.

“Desde la sociedad civil  y desde los sectores urbanos, hemos acompañado la defensa de los territorios waorani. El Ecuador ya decidió dejar el petróleo bajo tierra y el proceso de cierre debe hacerse junto a la nacionalidad waorani y las comunidades afectadas. A dos años de la consulta, seguimos aquí, sumando voces y acompañando desde todos los sectores”, concluyó Manai Prado, miembro y vocera de Ecos del Yasuní.