Quito, 24 de septiembre de 2025. Siete nacionalidades indígenas han emitido una enérgica denuncia internacional en contra la «Hoja de Ruta Hidrocarburífera» anunciada por el gobierno de Ecuador en agosto de 2025, porque representa una grave amenaza para vastas extensiones de la Amazonía ecuatoriana, incluyendo sus territorios ancestrales.

Este ambicioso plan contempla 49 proyectos con una inversión proyectada de más de 47.000 millones de dólares. 

La preocupación se intensifica a medida que la promoción de licitaciones petroleras avanza de forma acelerada en eventos como la XX Expo Petróleo y Gas, incluso mientras el gobierno ecuatoriano ha declarado un estado de excepción en varias provincias y el movimiento indígena ha llamado al paro nacional, entre otras demandas sociales, en protesta por la eliminación del subsidio al precio del diésel, la ampliación de planes extractivos en sus territorios y la falta de cumplimiento del referéndum por el Yasuní.

Con base en el plan anunciado por el gobierno y las pocas respuestas a solicitudes de acceso a la información, se conoce que de acuerdo a la Hoja de Ruta, 18 de estos bloques petroleros afectarán directamente a siete nacionalidades indígenas (Andwa, Shuar, Achuar, Kichwa, Sapara, Shiwiar y Waorani) en el centro sur de la Amazonía y en la zona subandina.

De acuerdo a esa información actualizada, los bloques de Suroriente son 14 y Subandino 4, total 18. Esto de acuerdo con el mapa oficial de la Hoja de Ruta Hidrocarburífera que presenta los 49 proyectos. Más los 4 bloques: 2 adjudicados y 2 concesionados entre 2015 y 2016, son en total 22 bloques, que cubren una superficie total de 36.396,59 kilómetros cuadrados, un área comparable a la totalidad de Taiwán.

De esta extensión, 18 bloques (14 Suroriente y 4 Subandina), con una superficie de 29.663,42 kilómetros cuadrados (similar al tamaño de Bélgica o casi 40 veces el tamaño de Nueva York), están programados para licitación entre el último trimestre de 2025 y durante 2026.

Ninguna de las nacionalidades han dado su consentimiento para la exploración y explotación. Además, no hay garantías normativas para un proceso adecuado y culturalmente adecuado de consulta libre previa e informada (CLPI), conforme lo establece la constitución ecuatoriana, estándares internacionales, y la jurisprudencia nacional e internacional. Sin embargo, el Ministerio de “Ambiente y Energía” argumenta que la consulta se realizó en 2012 y que seguirá aplicando el inconstitucional Decreto 1247.

El plan del Gobierno desconoce las sentencias judiciales de Wao Resistencia de 2019, que declararon la nulidad de la supuesta consulta realizada en 2012 en el bloque 22 porque violó la autodeterminación y el derecho al consentimiento previo, libre e informado. El caso 1296-19-JP ahora está seleccionado por la Corte Constitucional para establecer jurisprudencia obligatoria en contextos donde no ha iniciado la actividad extractiva y existen pueblos originarios en alta vulnerabilidad e indefensión; por tanto, representa un riesgo al plan extractivo de Noboa.

No es la primera vez que Ecuador lanza licitaciones en estos bloques petroleros. Otros intentos, por ejemplo, en 2003 también fracasaron por las pocas ofertas e interés de los inversionistas. Las compañías que sí se han arriesgado a firmar contratos por bloques en esta región se enfrentaron a una fuerte resistencia de las siete nacionalidades, y hasta ahora no se ha perforado ni un solo pozo adicional en más de dos décadas. Al menos cinco compañías diferentes han intentado realizar explotación petrolera en esta región en contra del consentimiento de los pueblos indígenas y se encontraron con demandas legales y protestas que paralizaron las operaciones y obligaron a las empresas a declarar “fuerza mayor” y abandonaron el país.

Hoy ese andamiaje jurídico ha sido debilitado por el gobierno de Noboa y la Asamblea Nacional para abrir la puerta sin restricciones a las empresas petroleras, nuevamente sin consulta a las nacionalidades indígenas.

California, la cuarta economía más grande del mundo y un importante importador de petróleo ecuatoriano, expresó recientemente su preocupación por el impacto ambiental y derechos colectivos de pueblos indígenas por la explotación del crudo proveniente de la Amazonía. El senado estatal aprobó por unanimidad una resolución para investigar el consumo de crudo amazónico en California y contempla una eventual eliminación progresiva del petróleo asociado con la deforestación, la pérdida de biodiversidad y las violaciones de los derechos de pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la comunidad internacional, a los gobiernos y a las instituciones financieras para que se opongan a la expansión de la frontera petrolera en Ecuador y apoyen la protección de la Amazonía y los derechos humanos y colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas.

¡La Amazonía no está en venta!